SUSPENDEN DESCERRAJE DE AZUCARERA ANDAHUASI POR FALTA DE GARANTÍAS

Ante un posible Holocausto como consecuencia de los costos sociales de personas inocentes entre niños, mujeres y ancianos se suspendió el descerraje de la Empresa Agraria Azucarera de Andahuasi en Sayán.

Intervención policial que se pudo dar bajo la presión del Grupo Wong, tal como lo señaló ante un medio radial nacional el abogado de los WONG, increpando al propio Ministro del Interior por no ejecutar las órdenes de los cuestionados magistrados desde hace un año.

En RPP Noticias, el abogado Fernando Meléndez indicó que el comunicado emitido por su patrocinado, el Grupo Wong es cuanto no se lleva acabo la orden judicial.

"Sería presión si no se agotaran los trámites previos. Hay cartas notariales al ministro del Interior y nos hemos reunido con el primer ministro, pero no hay apoyo de la Policía sino respuestas y evasivas que son tan risibles y que nos hacen pensar que hay una intervención", aseveró.

Demostrando una vez más el apetito económico de apoderarse de la azucarera, sin demostrar la sensibilidad humana por los daños colaterales de posibles pérdidas de vidas humanas ajenas al litigio judicial que afronta la empresa.

ANTECEDENTES

En los últimos días se han vuelto a correr voces sobre una nueva posibilidad de intervención policial a pedido del tristemente célebre juez LOLOYA ANAYA, de acuerdo a nueva resolución N°247 en el cuaderno cautelar N°88 - administración judicial - expediente 233-2010-demanda de pagos de beneficios sociales.

Es cierto que el juez LOLOY puede exigir la diligencia judicial de entrega de cargo estando comprendido en tal medida el descerraje, porque es su atribución constitucional, pero, a la fecha no tiene autoridad moral para hacerlo por cuanto se ha abierto la investigación preliminar por el ministerio público por el delito de prevaricato denunciado por la dirigencia del sindicato único de trabajadores de la EAA. ANDAHUASI SAA.

La denuncia por el delito de prevaricato (por emitir resoluciones basadas en hechos falsos) implica, de ser hallado culpable, pena privativa de la libertad, no menor de 3 años ni mayor de 5, y esta denuncia se basa en la ilegal emisión de resoluciones judiciales de descerraje, en un cuaderno del expediente, que ya había sido cerrado, el cuaderno N° 34 y que, para colmo de males, dispuso mantener en secreto para los litigantes, hecho que no está permitido en el código procesal civil.